La historia de la Argentina es la de una constante desilusión y frustración. Es la muestra más cabal de lo que refleja un colectivo acerca de su destino en común. Como el esquizofrénico, la Argentina si fuera una persona humana pensaría una cosa, diría otra cosa y haría todo lo contrario. Es por eso que esta condenada a vivir en el patíbulo del desconsuelo y la incomprensión.

Así es también su administración de justicia y es que no puede ser de otra manera. Como todas las instituciones (personas jurídicas) esta se compone de personas humanas las cuales nutrirán el funcionamiento de la entidad con sus conductas y caracteres.  Por eso, con ciudadanos volubles y nada comprometidos, quienes forman parte de una sociedad cada vez más atomizada no se puede esperar otra cosa que instituciones poco sólidas, fisuradas y por consecución, nada confiables.

Durante toda la “era democrática” se exacerbaron los odios para un lado y se han tapado los del otro. La “democracia” era la del y para el partido gobernante y de nadie más. En esto estuvo también la justicia que con jueces timoratos y acomodaticios quisieron ganarse el bronce como así se lo creyeron tipos como el entonces fiscal federal Estrassera y su ayudante Luis Moreno Ocampo (cuestionado y relevado de su puesto en la Corte Penal Internacional) tras el juicio a las Juntas.

Todas las fechorías de las organizaciones armadas y sus más destacados representantes pasaron de largo en esa impostada búsqueda de justicia. Desde 1983, la renuencia a impartir justicia sobre todos los montoneros y otros actores de organizaciones no estatales se unió a la abulia y la camaleónica personalidad que les distingue. Sin dudas dejaron pasar una oportunidad histórica para sentar un precedente de valor moral e imparcialidad para juzgar a todos los crímenes.

La bomba en la Superintendencia de la Policía Federal colocada por Montoneros el 2 de Julio de 1976 que mato a 24 persona hiriendo a otras 60 fue uno de los episodios de la violencia política que se vivía en la década de los setentas y que la elite política desde 1983 trato de diseccionar en muertos buenos y muertos malos.

Durante todo este período, cada gobierno “democrático” negó a los familiares de las víctimas de este acto terrorista y muchos otros episodios similares cometidos por las organizaciones armadas no estatales, la posibilidad de obtener a lo menos el acceso a la justicia. Esto no fue casual y estuvo enmarcado en un sistema ideologizado y parcial iniciado con Raúl Alfonsín y la Coordinadora que repudiaba y discriminaba todo lo vinculado con lo militar y policial alcanzando esto a sus familias a quienes se les negó cualquier reparación por este tipo de crímenes.  Este odioso proceder lo dejaron bien claro con los veteranos de Malvinas a quienes prohibieron e invisibilizaron en la sociedad.

Esto se empeoro con el paso de los años y cuando Néstor Kirchner llego al poder en 2003 levanto parcialmente los indultos del gobierno menemista. Kirchner y su señora -que no fueron miembros de ninguna facción armada-  hicieron de los setentas un activo político en sus discursos con el cual capitalizar las corrientes de izquierda. Con el correr de sus gestiones muchos ex montoneros y ERP pasaron a ocupar puestos en el gobierno con lo cual, la discriminación se atizo en mayor grado dejando ya muy clara la contaminación ideológica.

A pesar de este marco, el caso de la matanza del comedor fue presentado a la justicia federal porteña pero, la entonces jueza de primera instancia Dra. María Romilda Servini de Cubria la archivo por no querer impulsarla demostrando estar a tono con el posicionamiento político partidista de la época. Esa impulsión implicaba escarbar profundo en la basura y para eso se le pedía llamar a declarar a personajes vinculados a las operaciones de montoneros tales como Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza.

El 9 de junio último, la Sala I de la Cámara federal porteña compuesta por los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens resolvió que la causa vuelva a la primera instancia a los fines de que la jueza (la misma que se negó a investigar) atienda y resuelva sobre los planteos de reapertura que nunca trato. La resolución es quiebre de aquel Status Quo de silencio. El problema es (y que solo en Argentina puede suceder) que la causa deba ser atendida por el mismo juez que ha demostrado estar claramente afectada por la atmosfera política de ese momento.

Sin dudas que este comportamiento acostumbradamente pendular en estos funcionarios, es (en una parte importante) la causal de la galopante corrupción que azota a la administración de justicia que debiera prestar su servicio sin mirar a quien es el que la solicita (Cfr. Art. 16 de la Const. Nac).

Lo revolucionario -si se puede decir- de esta decisión implica la revisión y consideración de si este atentado terrorista y las consecuencias que causó encuadran en las figuras de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra que están previstos en el Estatuto de Roma de 1998 y al cual nuestro país adhiere (y por ende operativo) por su recepción en la Constitución nacional.

Si bien el acto alegado por Montoneros como “hecho de guerra” luce claramente brutal y deliberado, la doctrina nacional (notoriamente influida por la ideología partidaria) ha receptado la categoría de lesa humanidad a los delitos que solo comete el estado lo que al sentido común representa una aberración y una discriminación claramente odiosa que termina privando de justicia a quienes encajen en ese formalismo.

Lo que ahora deberá analizar la primera instancia de la justicia porteña no debería ser noticia y mucho menos un acontecimiento extraordinario pero, aquí en la Argentina tras décadas de desconcierto y desestructuración de todo lo institucionalizado no puede ser sino una esperanza para los familiares de quienes fueron asesinados por los pistoleros de estas agrupaciones setentistas.