Por el Dr. Carlos Castia

Una cuestión que sigue estando guardada en los polvorientos anaqueles del estado argentino es el asunto de la misión “Alfil 1” que participo en la llamada “Tormenta del desierto” allá por inicios de 1991 cuando el mundo entraba en una nueva era geopolítica dominado por una visión hegemónica y expansionista de una superpotencia sin rival.

El desconocimiento que se advierte en los estamentos del estado sobre este hecho de la historia contemporánea no es casual. Más bien deberíamos verlo como un intento vano por esconder la cuestión, no tanto por un compromiso político y diplomático con el actual Iraq o con los mismos EEUU a quien brindo apoyo, sino más bien para despistar, cansar y desalentar los reclamos de quienes participaron en aquella misión.

Y esto no es una mera suspicacia. Desde hace un tiempo hasta aquí los formales pedidos de información cursados a la Armada para que abra sus documentos referentes a los detalles de la misión, se han visto retrasados por resoluciones contradictorias que no asombran. Hay claramente una intensión por dilatar y dificultar el libre acceso a dichos plexos informativos que son posibles de consultar sin restricciones más allá de la actual excusa de la pandemia.

Precisamente la aparición de la pandemia del SARS-COV2 por finales del 2019 y posterior decreto presidencial del 20 de marzo de 2020 ordenando el Aislamiento Preventivo y Obligatorio interrumpieron las consultas presenciales en los archivos de la Armada Argentina. Desde ese entonces el acceso a dicha dependencia en la Ciudad Autónoma ha sido restringida a esporádicos y pocos contactos por mail.

Cuando inicie esta investigación sabía que se debía canalizar por los carriles y formas administrativas correspondientes algo que, no obsta a el acceso a dicha información histórica. Cualquiera con un interés legítimo o un derecho subjetivo tiene la posibilidad de reclamar que se abran los archivos y a su costa, recabar lo que sea de su interés siempre y cuando la información requerida no sea calificada de secreta, confidencial o reservada algo para lo cual deberá hacérselo por intermedio de un juez.

En el caso de esta información solicitada, la misma más allá de la calificación arguída por la Armada estaría disponible al solicitante (Cfr. Art. 8 inc. a Dto. 206/17)

Lo referente a la misión naval argentina en el Golfo Pérsico es parte de la historia y como tal, debe ser accesible al conocimiento de cualquier ciudadano, máxime si es la ley la que prevé esta posibilidad (Cfr. Ley 27.275 y su Dto. Reg. 206/2017 de acceso a la información pública). Con esto, el acceso a dicha información no debería ser un problema máxime cuando es posible su acceso vía digital (Cfr. Art. 5 y 6 del Dto. 206/17).

Pero con lo experimentado por quien escribe, estos requisitos no parecieran ser suficientes para la burocracia de la Armada como gran parte de la administración pública del estado, bajo la excusa del Aislamiento Obligatorio (ASPO), ponen trabas al efectivo acceso a la documentación de esa campaña naval.

Contrariamente a esta situación, en EEUU su acceso (pese a sus propias restricciones administrativas) es viable de obtener. Consultando sus fuentes oficiales y de asociaciones civiles que se avocan a trabajar por la transparencia gubernamental fue que tome conocimiento y acceso a la información de cómo se llevaron adelante los preparativos y las acciones para llevar adelante las operaciones “Escudo del Desierto” y “Tormenta del desierto” que surgen de documentos oficiales del Departamento de Defensa, de la Armada y de la misma Casa Blanca.

Entrando en tema y para entender el marco normativo veamos cual era el marco fáctico en el Golfo Pérsico después del 2 de agosto de 1990. Primero de todo, la invasión iraquí no pareció tomar por sorpresa a la Casa Blanca no solo por la reacción del mismo presidente George Bush sino por el exageradamente rápido despliegue de tropas sobre Arabia Saudita. Apenas unos días después de la toma de Kuwait desde su base en Alemania llegó a Arabia Saudita la 82º Aerotransportada que casualmente unos meses antes venía realizando aprestos y una exhaustiva revisión de sus equipos.

Con esta primera pista podemos intuir que algo se sabía en Washington. Pero ¿Era posible eso?

Para la Casa Blanca y en particular para el presidente George H. Bush el evento no había sido una sorpresa y mucho menos una situación imprevista. Muchos documentos de meses previos a que se produjera la crisis en Kuwait, arriman elementos que dan cuenta de una estrecha incumbencia que Washington, sus estamentos militares y de inteligencia mantenían en los asuntos internos no solo en Kuwait e Iraq sino de todo el Golfo (tras la guerra de Irán e Iraq).

Solo como ejemplo recordemos las estrechas y promiscuas relaciones preexistentes y simultaneas en el área de inteligencia entre Washington, Bagdad y Teherán en el marco de la guerra de aquel entonces que fue motivo de un escándalo épico (Fuente: S. Rept. No 100-216, 100th Congress, 1st Session Report of The Congressional Committees Investigating The Iran-Contra Affair, Apendix A: Vol 1 (Washington DC, 1988).

Pero no necesitamos irnos a consultar documentos clasificados o de alto secreto del gobierno norteamericano para dilucidar estas incumbencias. Los reclamos de Bagdad a Kuwait y Arabia Saudita por deudas generadas por la guerra con Irán y la intercesión de la CIA en toda esta circunstancialidad puso de manifiesto que La Casa Blanca no podía mostrar sorpresa en el desencadenamiento de la crisis, mucho menos con lo visto tras la entrevista (unos días antes) entre la embajadora April Glaspie y Saddam Hussein.

El paso del tiempo ha permitido que varios documentos de diversa entidad que circunscriben la intervención estadounidense, hayan sido liberados al conocimiento público gracias a las asociaciones civiles y de investigadores particulares que bregan por la efectiva libertad de información que en EEUU están legitimados para solicitar todo aquello que haga los actos de su gobierno federal.

A través de estas fuentes informativas veremos cómo se engarzó la llamada “Coalición Aliada” que fue la fuerza militar multinacional en la que la Argentina participó desde su etapa previa hasta las hostilidades que se extendieron desde el 17 de enero al 28 de febrero de 1991 (Cfr. Consta en el listado de un informe del Congreso). Una cuestión debe quedar clara y ella es que más allá de las tratativas y las resoluciones de Naciones Unidas (en especial la 678) La Casa Blanca y sus estamentos de la defensa produjeron de forma paralela sus correspondientes herramientas legales para poner en marcha el despliegue masivo y la justificación político legal de concentración de fuerzas militares en lo que sería el Teatro de una acción bélica.

Para ello el presidente estadounidense maneja ciertas herramientas legislativas que hacen a su potestad como “comandante en jefe” de las Fuerzas Armadas. En ese carácter tiene la facultad de emitir ordenes ejecutivas y Directivas con las cuales George H. Bush puso en marcha el temprano y presuroso despliegue militar que bajo la excusa de montar una defensa de Arabia Saudita -contra una supuesta intensión expansiva iraquí- (Op. Escudo del Desierto) que tras asegurar los campos petrolíferos de ARAMCO. OIL más tarde pasaría a mostrar su fase ofensiva (Op. Tormenta del Desierto).

Sobre esto algunos analistas israelíes -con mucho interés en el caso- ya concluían que la fase del Escudo del Desierto había sido una fase de preparación para el lanzamiento de las hostilidades del 17 de enero, ratificando así el desencadenamiento de los hechos.

Lo primero que hizo George H. Bush fue firmar el mismo 2 de agosto una Orden Ejecutiva ordenando congelar las cuentas bancarias y las transacciones provenientes de Kuwait e Iraq instruyendo a que el Departamento del Tesoro y la Secretaría de Estado lleven adelante todas las acciones necesarias a dicho fin. Como podemos ver, el embargo unilateral comenzó mucho antes de que Naciones Unidas emitiera sus resoluciones destinadas a trabar embargo y bloquear sus rutas comerciales, las cuales constituirían acciones hostiles contra Iraq.

Pero aún antes de estos eventos, Washington y en particular la CIA estaban al corriente del diferendo existente entre Kuwait y Bagdad por los campos petrolíferos del sur. Incluso más. Un año y medio antes de que comenzaran estos reclamos, el Pentágono por intermedio del General Norman Schwarzkopf en su por entonces carácter de jefe del Comando Central de los EEUU (USCentCom) participaba como observador en las maniobras conjuntas con el ejército iraquí, el cual era una ficha estratégica de Washington contra la amenaza soviética y un peón sacrificable para frenar a Irán.

En ese marco de estrechas relaciones con Bagdad y en previsión de un cambió que se daría con el colapso de la URSS fue que tejieron los argumentos legales.

Estos entretelones nunca fueron conocidos por los responsables políticos y militares argentinos, algo que, de haberlo sabido, lo habrían pensado mejor.

La movilización militar al Golfo Pérsico se fue incrementando al paso de las semanas llamando a que otras naciones se plegaran a sus esfuerzos como una condición sin la cual no podrían haber ejecutado lo que devendría.

Entre quienes establecieron un contacto temprano (y por una casualidad) fue precisamente el gobierno argentino, que por intermedio de la delegación del Ministerio de defensa encabezada por el entonces ministro Humberto Romero que se hallaba en visita en los EEUU, ofreció a sus anfitriones en el Pentágono su abierta cooperación material (mucho antes de que Naciones Unidas expidiera la resolución 678).

Entre tanto, los informes de la CIA y demás fuentes de inteligencia de orden militar fueron dando a La Casa Blanca un panorama diario de como evolucionaban los eventos en la región y en base a ellos La Casa Blanca tomaba sus decisiones ejecutivas. Estas solo son las principales piezas legislativas (de orden ejecutivo) de una maraña de memorandos internos y ordenes que pusieron en marcha la iniciativa norteamericana.

El 20 de agosto de 1990 George H. Bush emite la Directiva 45 por la cual entera a todo su Staff (entre ellos al Secretario de Defensa) los intereses que lo movieron a su redacción y los propósitos a lograr. Es precisamente allí donde se exponen los fundamentos y los objetivos para intervenir en el asunto sin que entre los principales se cuenten “el derecho internacional”, “la busqueda de la paz y la seguridad” o a lo menos, colaborar con algún esfuerzo de Naciones Unidas.

El primer párrafo de esta directiva (lo que demarca su importancia) reza “Los intereses estadounidenses en el Golfo Pérsico son vitales a la Seguridad Nacional” y “el riesgo de los intereses vitales de EEUU”, dejando bien en claro que EEUU va a la región -ante todo- a velar por sus intereses que para ese entonces se reflejaba en el control y la seguridad de la producción y transporte de crudo.

Subsidiariamente y como otros argumentos para justificar la masiva remisión armada invoca el Capitulo VII y su art. 51 de la Carta de Naciones Unidas y a una respuesta a la “solicitud de Arabia Saudita” con quien expone un compromiso que extiende a “otros estados amigos de la región del Golfo” ante una inminente -pero nunca cumplida- expansión iraquí.

En lo diplomático ante todo se menciona el interés por proteger a Arabia Saudita y solo se hace una mera y concisa mención a las resoluciones del foro sin darles una entidad decisiva. La mención de alguna “fuerza de paz” de Naciones Unidas brilla por su ausencia y ello por el simple motivo de la naturaleza de las operaciones que se iban a ejecutar. Es por ello que durante años este documento y otros de la misma clase estuvieran alejados del conocimiento público bajo los caracteres de CLASIFICADO o ALTO SECRETO.

Otro documento legal clave fue la Directiva 54 del 15 de enero de 1991 por la cual se hacen precisiones sobre el alcance de las operaciones militares que se enmarcarían en una “agresión iraquí en el Golfo”; esto es importante de tener en cuenta ya que con ello Washington justificaba y delimitaba el alcance geográfico del teatro de operaciones. Aquí también deja expreso que las acciones serían encabezadas por las fuerzas de EEUU en coordinación con las fuerzas de “nuestros socios de la coalición” -entre ellos Argentina- haciendo una enumeración de propósitos a lograr que claramente exceden los objetivos sugeridos por Naciones Unidas.  

En el punto 4 se especifican dos objetivos a cumplir en tanto se desarrollaran las acciones que eran, minimizar las bajas propias y recudir el colateral damage entre la población civil iraquí que tal como extensamente se ha documentado, no se cumplieron.

En el punto 5 dejo en claro que EEUU “buscaría la máxima participación de sus socios de la Coalición en todos los aspectos de las operaciones”, determinando el involucramiento que tuvieron en las hostilidades.

A su vez remite a la NSD 26 del 2 de octubre de 1989 y la NSD 45 previamente citada para argumentar la apertura de las hostilidades contra Iraq. En ambas piezas legales el centro radica en la protección de los intereses estadounidenses haciendo puntual incapié en su preocupación por los recursos petrolíferos.

En lo que hizo a la navegabilidad de una flota de guerra como la que se conformo para estas acciones, Washington se aseguró de contar con el permiso de libre tránsito de los estados rivereños occidentales árabes cuidando a su vez no violar las aguas territoriales de Irán (200 millas, Convemar).

En lo que hizo a los argumentos legales de Argentina para ingresar a la Coalición multinacional poco importan dado que, tal como los hechos históricamente lo demostraron, su grupo de Tareas “Alfil 1” se subordinó a una planificación, dirección y ejecución del Comando de operaciones liderado por los EEUU en Riyadh, todo ello enmarcado en las directivas y las ordenes ejecutivas que aquí hemos revisado por arriba.

 

En altas horas de la madrugada del 6 de septiembre último en los alrededores de una de las instalaciones carcelarias de alta seguridad del sistema represivo israelí (IPS), delgadas sombras se movían con rapidez entre las penumbras para no ser detectados por los tiradores de los murallones. Seis siluetas se escurrieron silenciosamente en la oscuridad para hallar la libertad de un presidio político administrado por el régimen ocupante de Israel.

En la mañana, la desagradable sorpresa para el director del presidio judío de “Gilboa” (uno de los 20 presidios existentes) repercutió en los pasillos de la burocracia gubernamental llegando al mismo despacho del actual jerarca Naftaly Bennet. Seis de sus prisioneros se escaparon por un estrecho túnel excavado con cucharas de café desde un baño hasta un sendero próximo a la torre de vigilancia del penal, una osada maniobra de escape que dejó a los israelíes completamente asombrados por las dimensiones del túnel excavado y por los medios utilizados. Como dice el dicho, “se les escaparon bajo las narices” y esa afrenta se la harían pagar con creces.

Los protagonistas de la fuga fueron seis combatientes de diferentes ramas de la resistencia armada palestina, luchadores por la liberación de sus tierras no delincuentes como los israelíes y los medios occidentales los presentaron. Uno de ellos, un líder de “Al Fatah” de Jenin y los otros cinco miembros de la “Jihad Islámica” quienes hoy por hoy la mayoría fueron recapturados gracias a la siniestra metodología del terror aplicada desde el estado.

¿Cómo logró Israel recapturar con tanta rapidez a cinco de estos fugados? Al parecer, la política de terror lo abarca todo en la vida de este estado y es por ello que (como viene sucediendo desde hace 70 años) no ha dudado en hacer uso de estas prácticas para recapturarles. Según lo informaron fuentes palestinas, la Shin Bet (la temible policía secreta) y otros agentes del estado israelí usaron a los familiares de cada uno de los detenidos como moneda de cambio. Incluso en uno de los casos, fueron hasta la casa de uno de ellos y tras secuestrar a su esposa, lo amenazaron con que si no se entregaba ella pagaría las consecuencias.

La presión funciono y tras entregarse cada uno de ellos, fueron duramente golpeados y luego sometidos a brutales torturas que llevó a que alguno de ellos terminara siendo hospitalizado ¿A dónde estaba el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas?

¿Le asombra esto? El uso de la violencia física como psicológica por el estado de Israel es tan real como la arbitrariedad y la impunidad con la que se conduce con toda la población árabe-palestina. Lo hemos visto tanto en sus ataques en el exterior (Siria, Líbano, Iraq etc) como en sus acciones contra la población civil palestina entonces ¿Por qué cree usted que no iban a hacer lo mismo con los prisioneros que caen en sus manos? Son incontables las tretas y los abusos contra la humanidad que han ejecutado en nombre de su derecho a la defensa y la supervivencia.

El asesinato a sangre fría de la joven palestina de 28 años de edad Mai Afaneh en junio pasado no solo se inscribe en la cruenta política de Apartheid israelí sino también otro ejemplo más de la impunidad que los agentes del estado tienen en estos crímenes.

Pero la extensa casuística del uso de la represión por parte de Israel va más allá de estas excusas. Los casos de detenciones arbitrarias y sin justificaciones, están puntualmente direccionadas contra la juventud palestina revelando como los ocupantes tratan de destruir a quienes podrían llegar a ser un serio problema del futuro. El caso del joven Samer Arbeed en 2019 es uno de miles que engordan los expedientes de estos crímenes. En la mañana del 25 de septiembre de 2019 las fuerzas israelíes irrumpieron en su casa de Ramallah y tras someterlo a golpes fue llevado al centro de detención “Al Moscobiyye” en Jerusalén donde dejado a manos de “especialistas” siguió siendo torturado para ser luego hospitalizado gravemente.

Las torturas y los abusos en sus centros de detención y prisiones son parte de este sistema retorcido. Un sistema bien aceitado y en el que la tortura se ha perfeccionado a lo largo de las décadas por su extensa práctica en la que participan médicos y especialistas de diversas ramas de la ciencia que conocen donde producir más dolor, teniendo a los palestinos como sus cobayos.    

Poco o nada se dice de esto en Argentina o más bien en los medios capitalinos advertidamente alineados con la política de aquel estado. Hablar de una realidad como son las prisiones de Israel y cuáles son las condiciones en las que se destinan y mantienen para encerrar a los palestinos no es muy fácil de explicar.

Para los defensores y justificadores de este estado de cosas se trata de una situación legal. Para quienes creemos que esto es una aberración de alcance universal, se trata de una herramienta política para “criminalizar” la resistencia palestina contra la ocupación que, como lo enseña la historia contemporánea, es una realidad que no ha podido ser controlada por la Comunidad internacional ¿Los motivos? Son varios, pero podemos decir que los principales parten de la influencia política y el poder financiero que Israel por medios de sus organizaciones trasnacionales despliega en el mundo.

No solo las condiciones de detención son motivo de críticas sino también y lo fundamental, las causas que motivan los arrestos que muchas veces están enmarcados en las llamadas “detenciones administrativas”, una aberración más contra la legalidad internacional y el respeto de los derechos de los palestinos. Y esto no es una exageración o un ensañamiento “judeofobo” (como tratan de argumentar rápida y repetidamente los sionistas). Los documentos gráficos que se vienen recopilando a lo largo de 70 años de ocupación, violencias y usurpaciones ilegales son contundentes para fundar estas conclusiones.

En la práctica represiva del estado no hay distinciones de edades. El daño que Israel ha causado y sigue causando a la integridad de los niños palestinos es tan grave y escandaloso que sigue siendo una materia pendiente que esto sea investigado por las instancias penales de la Corte Penal Internacional. 

En Argentina hay un gran prurito para hablar del tema. Uno de los obstáculos para ello son las conexiones gubernamentales que Buenos Aires y Tel Aviv mantienen en las áreas de “seguridad”. Pero también por una clara y advertible influencia dentro del espectro de los medios locales que condiciona el abordaje de estos temas. Ni hablar de criticar las inhumanidades que comete diariamente el estado ocupante y en ello colaboran con gran entusiasmo los emporios mediáticos y sus informadores de cara a la opinión pública. Tanto la dirigencia política de la comunidad como sus militantes más radicales son conscientes del bochorno que causaría exponer al debate público estas execralidades a una opinión pública que actualmente está mucho más informada y con consciencia del respeto a los derechos humanos sin distinciones odiosas de credo o religión.

Abusos como el cometido contra el pequeño Mustafa Khalil Amira golpeado bestialmente por una patrulla del ejército israelí o las continuas provocaciones de los colonos ultraderechistas (que entre otras actividades se ocupan de marcar con aerosoles las casas árabes para luego atacarlas) y las repetidas profanaciones a la Mezquita “Al Aqsa”, son solo ejemplos de la sistemática política israelí que busca, además de arrebatarles su espacio geográfico, judeizar todos los aspectos de la vida cultural de la población árabe palestina.

Quienes protestan contra los asentamientos ilegales que Israel promueve a costa de los territorios robados a los palestinos no son la excepción a estas prácticas y para ellos también hay palizas, arrestos y en muchos casos también la muerte. Lamentablemente esto también demuestra que existen sectores de la sociedad palestinos que (por desinterés, conveniencia política o económica o colaboracionismo) miran hacia otro lado y tácitamente avalan estas acciones.

La brutalidad a la que se somete a la población árabe palestina es cotidiana y prueba de ello se ve en la metodología de control de la circulación y tránsito a la que se ven sometidos. La ocupación trata a los palestinos como si fueran animales.

El Status Quo que se mantiene contra la población palestina es un escándalo mundial. El constante y brutal asedio a Gaza, el infame muro de Cizjordania, las usurpaciones sionistas en Jerusalén y las sangrientas represiones contra los manifestantes de árabes y judíos que reclaman el final de estas situaciones expone a quienes (como señalan en Naturei Karta) han secuestrado al judaísmo y lo usan para justificar sus intereses colonialistas. Lo que denuncian estos sectores judíos es al sionismo que maneja al estado.

Para los sionistas estos tratos, además de una demostración de una auto percibida superioridad son parte de un derecho a la defensa contra quienes les agreden o cosa por el estilo. Aún así, en Argentina para sus simpatizantes se hace muy difícil de explicar ante la opinión pública una realidad tan sucia y siniestra. Pero más allá de su silencio y los intentos por tapar ésta realidad amoral e inhumana, se viene sabiendo el alcance de un sistema de presidios que está destinado en gran parte a tratar de destruir el espíritu de lucha y reivindicación de los derechos palestinos.

Desde hace tiempo que los palestinos son los conejillos de indias de los oscuros ingenios israelíes, entre ellos sus sistemas de prisión. La Agencia de Seguridad de Israel (ISA) es el organismo que desde 1948 institucionalizó a nivel estatal el uso de la tortura. Obviamente esta agencia tiene injerencia sobre los presidios que albergan solo palestinos. Pero estos no son presidios comunes. Son campos de detención destinados a comprimir la humanidad de cada uno de ellos sin distinción de sexo y edad. Allí son recluidos no solo miembros de la resistencia política y armada sino también cualquiera que se oponga o desafíe a las políticas del régimen de Tel Aviv. Durante su estancia son sometidos a todo tipo de abusos y humillaciones como parte de una política muy bien urdida y persistente para (además del dolor físico) quebrar la psique del prisionero que una vez liberado ya no tendrá voluntad de luchar.

El sistema de prisiones israelí es un dedo más en el puño de la ocupación y un instrumento más de la colonización sionista. Desde Israel se lo presenta como parte de su sistema de justicia, un oxímoron evidente ante lo que el mismo representa y las finalidades que cumple: Criminalizar y reprimir al palestino o cualquiera que apoye sus reivindicaciones. La fuga de los seis prisioneros en la madrugada del 6 de septiembre pasado ha desatado una campaña de terror a cargo de la “Shin Bet” (policía secreta israelí) y los militares israelíes contra las familias de aquellos demostrando la naturaleza mafiosa, descarada y brutal de los ocupantes.

Desde el gobierno del confeso criminal Naftaly Bennet se han impulsado acciones de represalia colectiva contra toda la población árabe palestina que busca por una parte generar presión psicológica y un escarmiento colectivo por el hecho en sí, que a su vez aterrorice a los familiares y vecinos de los fugados para que (forzados por proteger sus propias vidas o las de sus familiares) cooperan en su entrega, algo que no sorprende en las acostumbradas prácticas represivas de los ocupantes.

Ante esto la conclusión es clara. Israel es un estado ocupante que tiene legalizada la tortura, un proceder inmoral y antiético que no tiene justificación de ninguna clase que ha vuelto a quedar en evidencia con los prisioneros recapturados de Gilboa. Con ello en consideración habría que seguir preguntando ¿Cuándo se aplicara la ley internacional a los responsables políticos de semejante y aberrante realidad política?

 

 

 

Leyendo un interesante artículo del politologo Alexander Dugin publicado en el sitio “Geopolitica.ru” titulado “La democracia no necesita de los partidos políticos” (https://www.geopolitica.ru/es/article/la-democracia-no-necesita-de-los-partidos-politicos ) me di cuenta que más allá de las distancias geográficas y culturales que existen entre ambos países, hay un problema muy actual y común que aqueja a la integridad socio política de ambas naciones y que en Argentina es una realidad extendidamente preocupante y ella es la partidocracia.

La excusa para que exista una constelación de partidos políticos en la Argentina es la tan mentada “democracia” como un sistema de gobierno pero, hay un error en este concepto. La democracia no es una forma de gobierno en estricto sentido sino un estilo de vida ligado a la ideología y la filosofía liberal anglosajona, ajena a los orígenes culturales de los argentinos.

Pese a que los exponentes del liberalismo argentino (anglófilos por excelencia) suelen invocar a la democracia como si se tratase de una forma de gobierno que tiene un origen constitucional autóctono lo cierto que ello no es así. La historia política institucional del país es relativamente breve si la comparamos con las civilizaciones de Oriente y en especial de naciones como Rusia o la de los países asiáticos que cuentan con culturas milenarias en su haber. Pero hay un punto de coincidencia entre ambas culturas y ese es la confianza que se le otorga al líder carismático, sea el Zar en Rusia o el caudillo en Argentina.

Cierto es que la Constitución argentina fue casi un calco de la estadounidense con algunas variaciones a su propio proceso político. Allí se consagra el sistema republicano de gobierno con repartición federal del poder. En lo formal, una obra impecable poniendo como líder del estado a un presidente electo en comisiones electorales por periodos determinados. Pero a pesar de esta unicidad del poder, el problema de la estabilidad y la continuidad política nunca pudo ser resuelto. La suerte de un mandatario quedaba sellada por revoluciones o los crónicos golpes de estado durante el siglo XX, nacidos de la idiosincrasia propia de una sociedad que los aprobaba y apoyaba por antagonismos inherentes de su simiente política (unitarios y federales, conservadores y liberales; radicales y peronistas, etc) llevando a que el estado y sus estructuras se volvieran parte de esas compulsas. Así, además de la debilidad del presidencialismo queda claro que el estado siempre estuvo a la sombra del personalismo del representante de un partido de turno y no al revés.

Hasta la reforma de 1994 la palabra “democracia” nunca apareció en la Constitución argentina y mucho menos como forma de gobierno. La democracia como tal, recién se inserta como idea fuerza a comienzos de los ochentas promovida desde Washington en plan de deshacerse de los gobiernos militares (entre ellos el argentino tras la derrota de Malvinas en 1982) que una década y media antes ellos mismos habían fomentado. Recién allí y con la reforma de 1994 se insertó a la Constitución el artículo 36 donde se agregó el término “democrático” como un fundamento dogmático que garantice la estabilidad política de un país constantemente sumido en la inestabilidad institucional por intervenciones militare. Pero ¿Ello es una solución para que además de la gobernabilidad el estado sea eficiente?

Como ha sido una costumbre muy arraigada en este lugar, las elites políticas y financieras del momento siempre han mirado hacia afuera sin tener en cuenta ni valorar las idiosincrasias de cada una de sus provincias e incluso la propia de su propia historia porteña. Un país que surgió de una timorata revolución contra la corona española en 1810 aprovechando las circunstancias internacionales de ese momento en las que Napoleón había invadido el Reino de España y buscando algunos de estos “revolucionarios” apoyo en Gran Bretaña para instaurar una monarquía constitucional, ya pone en evidencia la gran división pre existente y la ausencia del concepto democrático en sus fines.

¿Pero cuáles son las raíces de la identidad política argentina? Su origen como pueblo argento está en el colonialismo de la monarquía española del siglo XVI que muy lejos estaba de la “democracia” del liberalismo clásico. En los territorios que hoy conforman la Argentina había nativos autóctonos que fueron subyugados por el colonialismo europeo y a partir de allí esa incipiente colonia hispana con una población mestiza dependió de las decisiones políticas y económicas de Madrid. Luego de esto, vinieron las luchas internas entre los caudillos de interior y la elite porteña por el control de las rentas de la aduana que llevo a un interregno entre unitarismo o confederación.

Como se ve, ni en la vida política ni en la Constitución de 1863 habían rastros del concepto democracia a lo largo de este periodo. A lo largo del siglo XX el período político y de forma progresiva se enmarco en la llamada -pero nunca consagrada en la Constitución- “democracia representativa” con intermitencias desde comienzos del siglo para graficar el gobierno a través de representantes. Y así llegamos hasta 1994 momentos en que por circunstancias y conveniencias políticas contemporáneas los dos partidos clásicos que habían monopolizado el espectro político nacional acordaron reformar la constitución adicionando (entre otros) un artículo que garantizaría la vigencia del “sistema democrático” para evitar interrupciones. Pese a ello, aunque no ha habido más interrupciones los problemas del país no se han solucionado.

Desde esta interpretación, el término “democracia” ha tomado un significado multívoco y hasta confusamente contradictorio. En Argentina ello ha parecido entenderse como la libertad sin reglas claras, la ausencia de autoridad reconocible y lo peor de ello es la atomización partidaria y política que sin dudas afecta al manejo del estado. En este contexto ¿Quién manda en un caos semejante? En los estados modernos como China -fundado en 1949- que cuentan con un partido único, no hay lugar para los aventureros a costa de la cosa pública. Aquí el estado esta en cabeza de un órgano político central representado por un mandatario supremo que conduce los destinos del país. La sola idea de que alguien -persona o partido- piense que puede sacarle al estado ventajas económicas para su propio bolsillo (como ocurre en el estado argentino) sin consecuencias, es imposible de imaginar.

En el caso de Rusia, su historia política ha estado relacionada con liderazgos fuertes y en muchos casos crueles que en diversos períodos de su historia han sacado al país de las vicisitudes en las que se hallaba. Hay un origen común para todos los rusos que tampoco tiene nada que ver con la “democracia liberal”. Lo mismo en lo que luego se llamaría Argentina, aunque no tiene nada que ver con el proceso ruso mucho menos con aquel último concepto.  El problema que existe en el Río de la Plata es la de un desdoblamiento tácito que se intuye entre una Argentina anglófila que se limita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otra Argentina nativa del interior, cada una con realidades paralelas que ponen en contradicción a la idea de una nación con una identidad común.

Tal como están las cosas en Argentina, si no se acepta cuales son sus propias raíces y reconocen que el liderazgo que hace a su estilo de gobierno histórico radica en la autoridad de un líder unificador de un camino común como nación, ciertamente el país va directo a la disgregación de las etapas previas de la Confederación.